Curso. Régimen Legal de la Contratación Pública en Venezuela: La ejecución del contrato público.

La contratación es hoy día un instrumento fundamental para la ejecución de políticas públicas; es un mecanismo estrechamente ligado a la planificación política y presupuestaria del Estado, y es, sin duda, una actividad que reclama gran cantidad de esfuerzo, atención y dedicación de parte de los funcionarios públicos. La actividad contractual del Estado es, al mismo tiempo, un ámbito extensa y profundamente regulado. La normación contractual se origina en el propio Texto Constitucional y se desarrolla a través de una legislación central que regula los principales contratos públicos. Pero la intervención jurídica sobre la actividad contractual del Estado también irradia sus consecuencias a muchos otros ámbitos como el del derecho penal, el relativo a la responsabilidad administrativa y el atinente al régimen legal de la función públicos.  A través de este curso podrás:

1. Identificar el entramado legal aplicable a la actividad contractual del estado.
2. Identificar los supuestos que determinan la aplicación de cada cuerpo normativo en función de la naturaleza de la contratación de que se trate en cada caso.
3. Conocer, identificar y aplicar los principios jurídicos generales aplicables a todos los procedimientos de selección de contratistas del estado.
4. Conocer los distintos procedimientos legales aplicables para la selección del contratista del estado.
5. Conocer y entender en qué supuestos debe aplicarse cada procedimiento de selección del contratista.
6. Conocer, identificar y describir cada una de las fases de los procedimientos de selección del contratista. Incluyendo las fases comunes a todos los procedimientos, así como las que son particulares de cada uno de ellos.
7. Redactar, recabar e integrar los documentos correspondientes a la sustanciación de un procedimiento de selección de contratistas, respetando las formas y el contenido legalmente exigido.
8. Conocer en alcance y consecuencias, los derechos deberes y responsabilidades de las empresas y personas que, por cualquier motivo, intervengan en los procedimientos de selección de contratistas iniciados por los organismos públicos.